Abogado Penalista El Puerto de Santa María

Los derechos del detenido representan la garantía fundamental de su libertad y movimiento, y están detallados en el Artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos derechos comprenden:

1. El derecho a minimizar los daños a su reputación y patrimonio. Tanto el juez como las fuerzas de seguridad deben salvaguardar los derechos constitucionales al honor, la privacidad y la imagen del detenido, en consonancia con el derecho fundamental a la libertad de información.

2. La detención preventiva no debe exceder el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo las investigaciones requeridas, y no debe superar las setenta y dos horas. Después de este periodo, el detenido debe ser liberado o puesto a disposición de la autoridad judicial.

3. En el informe policial, se deben registrar el lugar y la hora de la detención, así como la puesta a disposición de la autoridad judicial o, en su caso, la liberación.

4. El detenido o preso debe recibir por escrito una explicación clara y accesible de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, junto con una enumeración de sus derechos. Estos derechos incluyen:

a) El derecho a mantener silencio y no responder a preguntas, o a dar su declaración solo ante el juez.

b) El derecho a no declarar en su contra y a no reconocerse culpable.

c) El derecho a elegir un abogado, independientemente de lo establecido en el apartado 1.a) del artículo 527, y a ser asistido por él sin demora injustificada.

d) El derecho a acceder a los elementos esenciales del caso para cuestionar la legalidad de la detención o la privación de libertad.

e) El derecho a informar a un familiar o persona de confianza sobre su detención.

f) El derecho a realizar una llamada telefónica, en presencia de un funcionario y sin demora injustificada, a una persona de su elección.

g) El derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, comunicarse con ellas y mantener correspondencia.

h) El derecho a contar con un intérprete de manera gratuita.

i) El derecho a ser examinado por un médico o profesional de la salud.

j) El derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y conocer el procedimiento para obtenerla.

El detenido también será informado sobre el plazo máximo de detención hasta ser entregado a la autoridad judicial y los medios para cuestionar la legalidad de su detención.

Si el detenido no comprende el idioma en el que se le informan sus derechos, se le proporcionará un intérprete tan pronto como sea posible. Luego, se le entregará la declaración de derechos por escrito en un idioma que comprenda, sin demoras injustificadas.

La información proporcionada se adaptará según la edad, nivel de madurez, discapacidad u otras circunstancias personales que puedan dificultar la comprensión del destinatario.

Si el detenido es extranjero, se notificará automáticamente al consulado de su país sobre su detención y lugar de custodia, y se le permitirá comunicarse con la autoridad consular. Si el detenido tiene múltiples nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares informar sobre su privación de libertad y con quién desea comunicarse.

Si el detenido es menor de edad, será entregado a la Sección de Menores de la Fiscalía, y se informará a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda sobre su detención y lugar de custodia, tan pronto como se confirme su minoría de edad. En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor, se le asignará un defensor judicial, a quien se informará sobre la detención y lugar de custodia.

Si el detenido tiene su capacidad modificada judicialmente, la información mencionada en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda, y se informará al Ministerio Fiscal.

Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente es extranjero, se notificará automáticamente al cónsul de su país sobre su detención.

El detenido tiene la libertad de elegir a un abogado, y si no lo hace, será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente debe ofrecer recomendaciones sobre qué abogado contratar, más allá de informar sobre el derecho a elegir.

La autoridad que custodie al detenido debe comunicar inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del abogado designado por el detenido, para facilitar su localización y la transferencia del encargo profesional. Si el detenido no nombra a un abogado o el elegido rechaza el encargo o no puede ser ubicado, el Colegio de Abogados designará inmediatamente a un abogado del turno de oficio.

El abogado designado debe presentarse en el centro de detención lo más rápido posible, dentro de un plazo máximo de tres horas desde que se le notifica el encargo. Si no cumple con este plazo, el Colegio de Abogados designará a otro abogado del turno de oficio, quien deberá presentarse tan pronto como sea posible, respetando el plazo mencionado. La ausencia de comparecencia puede dar lugar a sanciones disciplinarias para el abogado ausente.

La asistencia del abogado comprende:

a) Solicitar, si es necesario, que se informe al detenido o preso sobre los derechos establecidos en el apartado 2, y coordinar su examen médico según lo dispuesto en el punto i).

b) Participar en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento en las que participe y en la reconstrucción de los hechos. El abogado puede solicitar al juez o funcionario que haya realizado la diligencia en la que intervino, una vez finalizada, que declare o amplíe aspectos relevantes, y que se registren en el acta cualquier incidente ocurrido durante su realización.

c) Tener una entrevista reservada con el detenido, incluso antes de que la policía, el fiscal o la autoridad judicial le tomen declaración. Las comunicaciones entre el investigado o acusado y su abogado deben ser confidenciales y protegidas por el secreto profesional del abogado.

d) Aconsejar y asistir al detenido en todas las etapas del proceso, incluida la toma de decisiones legales y la preparación de su defensa.

e) Velar