Abogado Penalista San Fernando

Los derechos del detenido reflejan el derecho fundamental a la libertad y libre circulación, y están detallados en el Artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos derechos son los siguientes:

1. Derecho a que su reputación y patrimonio sean dañados lo menos posible. Tanto el juez como las fuerzas de seguridad deben proteger los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen del detenido, respetando el derecho fundamental a la libertad de información.

2. La detención preventiva debe durar el tiempo estrictamente necesario para realizar las investigaciones requeridas, y no puede exceder las setenta y dos horas. Pasado este plazo, el detenido deberá ser puesto en libertad o puesto a disposición de la autoridad judicial.

3. En el informe policial se deben registrar el lugar y la hora de la detención, así como la puesta a disposición de la autoridad judicial o, en su caso, la liberación.

4. El detenido o preso debe ser informado por escrito, de manera clara y accesible, en un lenguaje que comprenda, de los hechos que se le imputan y las razones de su privación de libertad, así como de los derechos que le corresponden. Estos derechos incluyen:

a) Derecho a guardar silencio y no responder preguntas, o declarar únicamente ante el juez.

b) Derecho a no declarar en su contra y a no confesarse culpable.

c) Derecho a elegir un abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527, y a ser asistido por él sin demora injustificada.

d) Derecho a acceder a los elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

e) Derecho a informar a un familiar o persona de confianza sobre su detención.

f) Derecho a comunicarse telefónicamente, en presencia de un funcionario y sin demora injustificada, con un tercero de su elección.

g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, comunicarse y mantener correspondencia con ellas. h) Derecho a contar con un intérprete de manera gratuita.

i) Derecho a ser examinado por un médico o profesional de la salud.

j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y conocer el procedimiento para obtenerla.

5. También se le informará al detenido del plazo máximo de detención hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, y de los medios para impugnar la legalidad de su detención.

6. Si el detenido no comprende el idioma utilizado en la declaración de derechos, se le informará a través de un intérprete tan pronto como sea posible. Posteriormente, se le entregará la declaración escrita de derechos en un idioma que comprenda, sin demoras indebidas.

7. En todos los casos, se permitirá al detenido conservar consigo la declaración escrita de derechos durante toda su detención.

8. La información proporcionada se adaptará a la edad, grado de madurez, discapacidad u otras circunstancias personales que puedan limitar la capacidad del destinatario para comprender la información.

9. Si el detenido es extranjero, se informará al consulado de su país sobre su detención y lugar de custodia, y se le permitirá comunicarse con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga múltiples nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares informar sobre su privación de libertad y con quién desea comunicarse.

10. Si el detenido es menor de edad, será entregado a la Sección de Menores de la Fiscalía, y se informará a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda sobre su detención y lugar de custodia, tan pronto como se confirme su minoría de edad.

11. En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor, se le asignará un defensor judicial, a quien se informará sobre la detención y lugar de custodia.

12. Si el detenido tiene su capacidad modificada judicialmente, la información mencionada en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda, y se informará al Ministerio Fiscal.

13. Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente es extranjero, se notificará automáticamente al cónsul de su país sobre su detención.

14. El detenido tiene derecho a elegir libremente a un abogado, y si no lo hace, será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente debe hacer recomendaciones sobre qué abogado elegir, más allá de informar sobre el derecho a hacerlo.

15. La autoridad que custodie al detenido debe comunicar inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del abogado designado por el detenido, para facilitar su localización y el traspaso del encargo profesional. En caso de que el detenido no haya designado abogado o el elegido rechace el encargo o no pueda ser localizado, el Colegio de Abogados designará de inmediato a un abogado del turno de oficio.

16. El abogado designado debe acudir al centro de detención lo más rápido posible, dentro de un plazo máximo de tres horas desde que se le notifique el encargo. Si no se presenta en ese plazo, el Colegio de Abogados designará a otro abogado del turno de oficio que deberá presentarse lo más pronto posible, respetando el plazo mencionado. La falta de comparecencia puede conllevar responsabilidad disciplinaria para el abogado ausente.

17. La asistencia del abogado incluye: a) Solicitar, si es necesario, que se informe al detenido o preso sobre los derechos establecidos en el apartado 2, y coordinar su examen médico según lo dispuesto en el punto i). b) Participar en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento en las que participe y en la reconstrucción de los hechos. El abogado puede solicitar al juez o funcionario que haya realizado la diligencia en la que intervino, una vez finalizada, que declare o amplíe aspectos relevantes, y que se registren en el acta cualquier incidente ocurrido durante su realización. d) Tener una entrevista reservada con el detenido, incluso antes de que la policía, el fiscal o la autoridad judicial le tomen declaración. Las comunicaciones entre el investigado o ac